El grito de las invisibles

En España hay unas 700.000 trabajadoras dedicadas a la limpieza de hogares. Desde 1985, estas mujeres se rigen por un régimen especial en el que no se aplica el Estatuto de los Trabajadores ni el del Trabajo Autónomo. Hay tres tipos de trabajo dentro de las empleadas del hogar: las que están internas, las externas y las que cobran por horas. Ninguna gana más de 1.000 euros al mes. En general y teniendo en cuenta cualquier empleo, las trabajadoras ganan un sueldo medio al año de unos 17.000 euros; el de los hombres ronda los 23.000.

Beatriz Vahos es colombiana y trabaja como interna en una casa de la urbanización de lujo La Moraleja (Madrid), haciendo de lunes a viernes jornadas maratonianas. Considera que, dentro de su profesión, está "bien tratada", pero quiere ayudar a otras mujeres con menos conocimientos para que no las exploten. "Tienen que saber que ningún jefe las puede denigrar porque no tengan papeles, que tienen derecho a reclamar", insiste. "No es mi caso, pero hay empleadas que, cuando han ido a pedir algo, se han encontrado de contestación: tú cállate que no tienes papeles, a ver si voy a llamar a inmigración", añade.

Rafaela, de origen dominicano y con 20 años a sus espaldas limpiando casas, asiente con la cabeza al escuchar a su compañera. Esta trabajadora denuncia que las condiciones laborales del gremio están condicionadas a la "bondad" de la persona dueña del hogar donde trabaja. "Y en eso las que peor lo tienen son las internas, muchas están en régimen de esclavitud", critica.

Mari es inmigrante, trabaja como interna y no tiene papeles. "Quiero que se reconozcan mis derechos. Es decir, que respeten mis horarios, mis pagas, mis vacaciones, las dos horas de descanso. Los que nos emplean se hacen los olvidadizos, tienes que ir siempre detrás a reclamar cosas que por derecho son nuestras", se queja esta mujer. Mari no paró hasta que encontró una asociación que atendiese sus derechos. "Antes de llegar a Territorio Doméstico, recorrí decenas de organizaciones sociales, pero en todas se limitaban a cogerme el nombre", recuerda. Mari es de las que ha sacado tiempo el domingo por la tarde para acudir a preparar la marcha.

Pero la concentración del día 28 no es sólo por ellas, sino por todas las mujeres que están trabajando sin contrato, sin pagas extras, sin vacaciones pagadas. La idea es que no sea una marcha más: "Que cada cual, personas o grupos, de Madrid o de otras ciudades, se reapropie de la convocatoria dándole el significado que más conecte con su propia experiencia, idea o sentir".

Piensan hacer el recorrido (por el centro de Madrid, desde la Plaza de Jacinto Benavente hasta la Puerta del Sol) limpiando con plumeros los cristales de los establecimientos. Y acuda el número que acuda, ellas seguirán para adelante: "Si somos cuatro, pues somos cuatro", concluye Micaela, antes de coger el tren, ya de noche, para regresar a limpiar casas a Valladolid.

Madrid

Angel Navarrete

Susana Hidalgo

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La crisis no puede ser la coartada para la violación de derechos laborales de los refugiados e inmigrantes

7 de octubre, Jornada Mundial de Acción por el Trabajo Decente
En la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, CEAR hace un llamamiento para que los responsables políticos y los empresarios no usen la crisis como excusa para recortar los derechos laborales y sociales de refugiados e inmigrantes.
El precio de la crisis económica que atraviesa España lo están pagando sobre todo los trabajadores, sean autóctonos o extranjeros, como denuncian hoy los sindicatos. Y por eso deben ser respetados y protegidos los derechos laborales y sociales de todos los trabajadores, sea cual sea su procedencia, como es propio de un Estado de derecho.
Pero la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) constata diariamente que los trabajadores refugiados e inmigrantes están sufriendo especialmente el recorte de derechos. La crisis económica está siendo la coartada para el endurecimiento de la ley de extranjería, para el aumento de abusos laborales, y para la disminución de fondos para la integración sociolaboral de los trabajadores extranjeros y sus familias.
Así, a la falta de ofertas de empleo en los sectores más ocupados por refugiados e inmigrantes (construcción, hostelería y otras áreas del sector servicios), se suman los aumentos de despidos de trabajadores extranjeros, que se han incorporado más tarde al mercado laboral y tienen un mayor índice de temporalidad, en empleos con poca cualificación y sin que se tenga en cuenta el bagaje formativo y laboral previo. Los trabajadores refugiados e inmigrantes encuentran cada vez más difícil obtener contratos con suficiente duración como para poder renovar las autorizaciones de residencia y trabajo, así como para optar a la regularización por arraigo, lo que ha hecho aumentar el número de personas que se quedan en situación irregular. Por otro lado, aumentan las dificultades para acceder a recursos formativos, fundamentales para una inserción sociolaboral duradera y digna, y se endurece, en el proyecto de la nueva ley de extranjería, su derecho a la reagrupación familiar.
Pero estas situaciones no son consecuencia natural de la crisis, sino que tienen que ver con decisiones políticas que han apostado por restringir derechos y por hacer la vista gorda ante abusos laborales. Decisiones que parecen guiarse bajo la premisa de “los de aquí primero, los de fuera después”, que va calando en los discursos públicos y nos aleja no ya del trabajo decente, sino de la sociedad decente.
Por eso CEAR pide que las únicas respuestas no sean incentivar el retorno a los países de origen de los trabajadores extranjeros, medida irreal en tiempos de crisis global. Ni recortar derechos (o presupuesto para la integración) a determinados ciudadanos según la coyuntura económica, porque eso no es más que discriminación.
CEAR cree que es necesario un cambio en las políticas migratorias, que comience por la ratificación de la Convención de la ONU sobre los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias que el gobierno español ha decidido no firmar. Asimismo, es necesario que en estos tiempos de crisis se flexibilicen los criterios exigidos de cotización a la Seguridad Social para la renovación de las autorizaciones de trabajo y residencia: que se suprima la exigencia de contar con una oferta de trabajo por un año y a jornada completa para el arraigo social, por desproporcionada y por no responder a nuestro mercado de trabajo, caracterizado por la eventualidad. Que la situación administrativa no sea determinante para percibir la prestación por desempleo, de acceder a la formación ocupacional y de inscribirse en los servicios públicos de empleo. O que las administraciones públicas establezcan medidas concretas para prevenir la discriminación de las personas refugiadas, solicitantes de asilo e inmigrantes en el ámbito laboral.
En definitiva, CEAR cree que tomar en serio los derechos exige reforzar sus garantías sobre todo en el caso de los sujetos más vulnerables y aún más cuando se ven particularmente amenazados. Los derechos de los trabajadores inmigrantes y refugiados no son mercancías que entran de rebajas en tiempos de vacas flacas. No es cuestión de caridad o generosidad que se permite el nuevo rico y que desaparece cuando se viene a menos. Son una exigencia de igualdad, de justicia, de respeto a la ley, al Derecho.

¡Vete! ¡Pero quédate!

Guillermo Pérez FlórezPeriodista y analista político

La crisis económica que se vive en Estados Unidos y Europa ha puesto a los gobiernos, por razones esencialmente electorales, a trabajar en la línea de estimular el retorno de inmigrantes a sus países de origen y desestimular el ingreso de nuevos extranjeros. En una interpretación reduccionista y demagógica éstos quitan los puestos de trabajo a los nacionales (ya que están dispuestos a trabajar más y por menos paga). Un análisis simplista induce a pensar que la solución es sacar inmigrantes, por las buenas o por las malas, para bajar el desempleo.

Lo cierto es que sacar inmigrantes no resuelve la crisis. La inmigración no es causa y ni siquiera tiene una relación indirecta con ella. Este es un enfoque populista que puede servir para conseguir votos, como los ha hecho durante casi dos décadas el Frente Nacional de Jean Marie Le Pen en Francia, (felizmente jubilado desde septiembre pasado) o el partido liberal de Jorg Haider en Austria (quien en octubre de 2008 pasó a mejor vida), pero que no sirve para más nada. Peor aún. Es pan para hoy y hambre para mañana. La Unión Europea necesita inmigrantes para hacer sostenible la seguridad social, mantener competitividad y frenar el envejecimiento que experimentan varios países, con España a la cabeza. Un estudio de Naciones Unidas en el año 2000 cifró en 158 millones el número de inmigrantes que los quince países que en ese entonces constituían la Unión Europea necesitarían recibir en la primera mitad del siglo XXI para que la proporción entre activos y jubilados se mantuviese en los mismos términos que a finales del siglo XX; esto es, que por cada jubilado haya cuatro trabajadores activos. Las proyecciones indican que para 2025 la relación será de 1 a 2 y para 2050 de 1 a 1.

En otras palabras. La politiquería aconseja echar inmigrantes porque de esta manera los nativos creerán que su gobierno les está protegiendo, pero otra parte, la economía y la demografía les necesitan. El asunto podría resumirse en el aforismo que sirve de título a esta nota: vete, pero quédate. Una contradicción. Para que esto fuese posible los gobiernos deberían favorecer la movilidad, no restringirla, como es la lógica dominante en estos momentos. El plan de Retorno impulsado por el gobierno de España no ha tenido el éxito esperado precisamente porque restringe la movilidad al obligar a los beneficiarios a no regresar a España antes de tres años. En sana lógica, nadie que esté en sus cabales va a renunciar a la posibilidad de optar a la nacionalidad española (al programa sólo pueden acceder los no nacionales) simplemente porque le anticipen el subsidio de desempleo o paro. Entre otras razones porque quién garantiza que al regresar a su país va encontrar empleo. Si existiera libertad de circulación (como la tienen los ya nacionalizados) las cosas serían diferentes. El ideal es que las personas puedan ir y venir, según las circunstancias económicas y laborales.

Esto es algo elemental que se les dificulta entender a los gobiernos europeos, y al parecer no hay poder humano que se los explique. Países expulsores de población (como México, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Brasil, Salvador) comienzan a preocuparse porque las remesas de sus emigrantes podrían disminuir sensiblemente este año, según las proyecciones del BID. No obstante, ni expulsores ni receptores trabajan suficientemente para potenciar a los migrantes como agentes de desarrollo económico y social. Para ello sólo es necesario desprenderse de los prejuicios y ponerle creatividad al asunto. Lo primero es que exista libertad de circulación, como lo proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Para España la inmigración de la última década, que elevó la población extranjera a cinco millones y medio, fue una absoluta bendición. Cambió las cuentas de la seguridad social, (sostenibilidad hasta el 2032) frenó el envejecimiento y dinamizó su economía. Estimular la salida de inmigrantes estaría bien sólo si el éxodo es temporal, mientras pasa la crisis. España necesita que los inmigrantes se queden. Perderlos no sería un buen negocio, ni siquiera a corto plazo.

Una nueva ciudadanía. Por el impulso de los Derechos Humanos

Manifiesto

El día 18 de diciembre fue proclamado por Naciones Unidas Día Internacional del Inmigrante. La elección de este día no fue inocente ni gratuita: Se proclamó para significar la importancia de la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los Migrantes y de sus Familias, el tratado de Naciones Unidas que fija los derechos y las obligaciones de los inmigrantes y la protección de los mismos, en términos de respeto de los derechos humanos.
Hace más de 17 años que se aprobó este Pacto Internacional de Naciones Unidas, pero aún no ha sido acogido ni por la legislación española, ni por la legislación de los países que integran la Unión Europea. Es esta una sombra que debe ser corregida en los próximos pasos de construcción de una política común europea de integración e inmigración. España debe firmar sin dilaciones este pacto internacional.
Este día 18 de diciembre de 2008 nos reunimos aquí en Madrid para celebrar esta efemérides bajo un lema que pretende significar a la vez las necesidades, las expectativas y las tareas de la sociedad en su conjunto y de los y las inmigrantes hacia el futuro: Nueva ciudadanía por el impulso de la democracia y de los derechos.
Y lo hacemos en un contexto de crisis que sólo puede tener una respuesta justa desde la promoción de los derechos sociales, económicos y culturales que garantizan la solidaridad entre las personas y la cohesión de las sociedades.
Sólo cuando la política lidera la economía, sin caer en la mentira del lucro, guiada por la idea de la justicia y del bien común, se combate la crisis sin hipocresía y de verdad.
En este Madrid de hoy no queremos dejar de recordar y de comprometernos con los/as parados, desempleados, con los y las trabajadores en las situaciones más frágiles, con los y las jóvenes y menores enfrentados al deterioro del sistema educativo, con las mujeres doblemente víctimas del sistema ultraliberal y machista que ha dominado el escenario internacional, con los hombres y mujeres que se enfrentan al deterioro de los servicios públicos esenciales o a quienes las restricciones presupuestarias que acompañan a la crisis privan de prestaciones básicas, con las familias sobreendeudadas y sin medios para atender a sus necesidades y responsabilidades hipotecarias o de consumo sostenible, ni de preocuparnos por los graves problemas de injusticia estructural, de inseguridad alimentaria, de deterioro ecológico o de inseguridad humana que ocurren hoy en el planeta.
Hoy, en esta sociedad, cuando se habla de otra celebración importante, la de los treinta años de la promulgación de la Constitución Española, quienes llegamos después de aquel evento, ya sea porque nacimos después de 1960 y no pudimos votarla, o porque hemos nacido tras aquel acontecimiento, o porque vinimos más tarde a incorporarnos desde otras tierras a la nueva sociedad española, reclamamos participación y actoría en la construcción de los nuevos consensos que la sociedad española reclama y precisa para su futuro.

Y no lo reclamamos de cualquier modo, sino mediante el compromiso por el avance y la profundización en la democracia y en los derechos, nuestro verdadero pacto de cohesión social que no necesita otros contratos distintos.
Hoy firmamos en un libro blanco que iremos completando con nuestras preocupaciones, nuestros deseos, compromisos y esperanzas, reclamando la participación, el reconocimiento de nuestro papel ciudadano, el efectivo derecho al voto para las personas que residen por tiempo suficiente en España, vengan de donde vengan, y el avance en España y en el contexto internacional de los derechos fundamentales formalmente proclamados en los textos jurídicos, pero aún pendientes de materialización y extensión universal.
Somos los nuevos ciudadanos, los nuevos vecinos, y desde nuestra cualidad de tales queremos participar en la construcción de esta sociedad no sólo trabajando, no sólo conviviendo, no sólo contribuyendo económica, social o culturalmente a la construcción de la misma, sino también ocupando un espacio justo en sus instancias de participación, para conseguir que los nuevos consensos sociales no dejen fuera a nadie.
Reclamamos nuestra actoría individual y colectiva y por eso pedimos que se remuevan todos los obstáculos para el ejercicio del derecho al sufragio, ya sea los que nos impiden votar por necesidad de tratados bilaterales, ya los que nos dificultan el acceso a la nacionalidad con trabas burocráticas absurdas y que denotan la ineficacia de una administración digna de la “octava” potencia mundial, ya mediante el avance en los derechos políticos y la reforma de la propia Constitución para ello.
Pero también exigimos y queremos contribuir a la construcción material de los derechos proclamados en la Constitución y aún pendientes de desarrollo, como es el efectivo derecho a la cultura y a la educación entendidas como un bien público y no como un negocio, el derecho al trabajo y a la efectiva ocupación, a un salario digno para sostener la propia familia, a la libre elección de la profesión u oficio, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la protección social, económica y jurídica de la familia, a la integración de los menores, a la promoción de condiciones que garanticen el progreso social y económico, a la seguridad social, al medio ambiente adecuado, al consumo sano y adecuado, a la igualdad efectiva y la no discriminación.
Solo construyendo estos derechos se sale de la crisis, de la financiera y económica, pero sobre todo de la social y de la ética, de la que condena a la miseria a las sociedades que no saben apostar por lo mejor de sí mismas. Hoy el día de los inmigrantes es el día de la ciudadanía y de la nueva ciudadanía, donde nos fundimos en un único interés quienes responsablemente queremos una sociedad plural, abierta, justa y democrática con independencia de nuestro origen e ideas.

Juan Carlos Rois

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"Yo adivino el parpadeo/ de las luces que a lo lejos/van marcando mi retorno/son las mismas que alumbraron/ con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor"

Para quien marcha para el exilio es tan dolorosa la partida como el regreso. Al marcharse lo dejó todo: la familia, los amores, las amistades, el paisaje, su trabajo...todo es todo. Llega a un país extraño en el que es recibido o recibida como una extraña. A pulso, con ímpetu y con la Berraquera que le dan las ganas de vivir, se abre camino.
Empieza la construcción de una nueva familia, la adoptiva, quizás tanga la posibilidad de estudiar, trabajar y convertir el entorno que le era ajeno y hostil, en lugar amable y hasta adentrarse tanto que termina amándolo.
Llega la hora de cerrar un ciclo y emprender el regreso. Los sobrinos han crecido, los padres envejecieron, los amigos no son los mismos, la ciudad cambio y el país es otro. Nuevamente una extraña o un extraño en el país que idealizó con la distancia, a fin de cuentas su país, el país donde estan sus orígenes inmediatos, sus muertos, los pasos de su infancia y donde le cortaron el cordón umbilical.
Quien no vive de cerca el exilio, jamas comprenderá que significa, jamás alcanzará la sensibilidad para comprender a quienes finalmente regresan con el deseo de construir, aportar o simplemente vivir sin la agonía o el dolor de la lejanía.
Exilio allá y exilio acá. Quizá un día no exista las fronteras pero seguirán las nostalgias, quizá un día se acaben los exilios. Soñar no cuesta nada

Declaración sobre la Directiva de la Unión Europea acerca de la migración

Hermes Dios griego de las fronteras y los viajeros que las cruzan

La Plataforma Social Migratoria Hermes, constituida en Colombia por la sociedad civil para promover la humanización de la migración y comprometidos con la defensa de los derechos humanos de la población emigrante e inmigrante y sus familias, en país de origen y de destino; con respecto a la “Directiva de la Unión Europea relativa a procedimientos y normas comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio”, Manifestamos que:
- La Directiva unifica a Europa en torno a un enfoque de Migración centrado en seguridad nacional, desconociendo que en el centro de la migración está la persona y su familia, y que por lo tanto debe primar un enfoque social y de derechos humanos.

- Desconoce el Marco Normativo Internacional en materia de Derechos Humanos y Migración.

- Aún cuando presenta en su parte argumentativa el terminar con la esclavitud que sufren los extranjeros en su territorio podría, paradójicamente, aumentarla, pues es sabido que las medidas antimigratorias conducen al crecimiento del tráfico humano y otros delitos que victimizan a las personas migrantes.

- Al apartarse visiblemente de la defensa de las libertades individuales y del respeto a los Derechos Humanos, es una medida anti-migratoria, que como hecho cumplido afectará a miles de colombianos y de inmigrantes latinoamericanos en Europa.

- Como lo manifiestan los Defensores del Pueblo de la Región Andina, la entrada en vigencia de la Directiva de la Unión Europea amenaza los derechos y libertades fundamentales de los migrantes.
2 h Hermes Dios griego de las fronteras y los viajeros que las cruzan Plataforma Social Migratoria
Por lo anterior, y considerando que:
- Es una obligación del Estado colombiano proteger a sus nacionales fuera de las fronteras

- Aún cuando la entrada en vigencia de la Directiva aumentará la población de deportados colombianos, el gobierno de Colombia es uno de los pocos de la región que no actuó en forma proactiva durante los 5 años que duró su debate y no se ha pronunciado frente a la misma; por el contrario minimizó su alcance al afirmar que no afectará a los colombianos en Europa.

Instamos al Gobierno Colombiano a:
1. Tomar conciencia de su responsabilidad frente a la defensa y promoción de los Derechos Humanos de los colombianos que se encuentren fuera de las fronteras nacionales.

2. Concientizarse de la necesidad de ejercer una diplomacia migratoria.

3. Promover y liderar un diálogo regional para:
a. Debatir sobre los problemas migratorios comunes y particulares.
b. Debatir sobre las políticas migratorias de países de destino.

4. Pronunciarse frente a las políticas migratorias adoptadas por los países de destino y en particular, la Unión Europea.

5. Crear las sinergias entre países de la región para hacer frente a la entrada en vigencia de la Directiva.

6. Crear, con carácter urgente, una comisión de expertos que se informe sobre la Directiva, su ámbito de aplicación y todas las implicaciones tanto positivas como
3 h Hermes Dios griego de las fronteras y los viajeros que las cruzan Plataforma Social Migratoria
negativas que pueda tener para los colombianos que se encuentran en Europa en situación irregular.

7. Abrir un debate público nacional alrededor de la Directiva dando especial atención a la participación de las organizaciones sociales, sindicales, asociaciones y familias de migrantes, vinculadas con el tema migratorio.

8. Fortalecer con prontitud la acción de las Misiones Consulares para que ofrezcan información, orientación y acompañamiento a los migrantes de Colombia en Europa y en otros países.

9. Crear un sistema informativo permanente, de asesoría y protección, que esté al alcance de los colombianos en el extranjero las 24 horas del día.

10. Exigir a todos los países el pleno respeto de los Derechos humanos en el tratamiento que se le dé a los colombianos que se encuentren en situación irregular.

11. Crear con carácter de urgencia una estrategia para recibir a los colombianos deportados.

Finalmente, instamos a la sociedad civil y a los Gobiernos de América Latina a unificar criterios y posturas en torno al tema migratorio y mejorar su capacidad de interlocución en el diálogo mundial.
Consejo Directivo Bogotá, Colombia, Julio de 2008

Desde México

Con pesar, denuncio ante la opinión pública el asesinato de mi primo, Andrés Felipe Llano Calvo, en la ciudad de Cartago, Valle, Colombia, el día viernes 16 de mayo, a las 11 de la noche. Andrés Felipe tenía 26 años, era líder comunitario de la fundación 'Amor Cívico Por Cartago' y miembro del partido de oposición Polo Democrático. También había publicado cuentos y poemas alegóricos a su ciudad natal. Trabajaba como empleado en el supermercado Carrefour. A la salida de su trabajo cotidiano fue asesinado por sicarios.
Andrés Felipe había hecho constantes denuncias contra Luís Carlos Restrepo Orozco, congresista y ex alcalde de Cartago. A través de la emisora local Radio Robledo, sostuvo tener pruebas contundentes que vinculaban al congresista Restrepo Orozco con el narcotraficante Hernando Gómez Bustamante, alias 'rasguño' y uno de sus testaferros.

A partir de estas denuncias, empezaron las amenazas de muerte que fueron cumplidas por sicarios el 16 de mayo de 2008. Según el periodista Duber Tabares, entrevistado por El País de Calí: "Andrés Felipe intervino en el noticiero radial después de solicitar una réplica ante las declaraciones que había hecho Luís Carlos Restrepo Orozco días antes en la misma emisora. Estas últimas declaraciones de Llano fueron las más críticas que había hecho en su proceso de denunciar a la clase política de la ciudad".

El asesinato de Andrés Felipe constituye una nueva afrenta a la sociedad colombiana por su carácter de activista cívico y miembro de un partido político de oposición democrática. Las denuncias de Andrés Felipe sobre la relación entre políticos y narcotraficantes demuestran su valor ciudadano y el compromiso con su comunidad, así como la falta de garantías por parte del Estado colombiano para hacer valer los derechos constitucionales a la vida y la libertad de opinión.

Solicito a todos y todas que, en la medida de sus posibilidades, contribuyan a la denuncia nacional e internacional de este crimen, para que no quede en el olvido y se haga justicia.

Atentamente,

Oscar Iván Calvo Isaza